Ley Mordaza: Futuras Modificaciones Legales

Ley Mordaza Futuras Modificaciones Legales

Ley Mordaza: Futuras Modificaciones Legales

La actual Ley Orgánica 4/2015 de 30 de Marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana, mas conocida como Ley Mordaza (Ya que muchos de sus artículos, según dicen sus detractores, atentan contra la libertad de expresión) entró en vigor el día 1 de Julio de 2015 en sustitución de la anterior Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana , conocida como Ley Corcuera o Ley de la patada en la puerta (Porque facultaba a las fuerzas del orden a entrar en un domicilio en el que se tuviese «fundado conocimiento» de que se estuviera cometiendo un delito relacionado con el tráfico de drogas, sin necesidad de orden o autorización judicial) aunque esta disposición fue declarada inconstitucional por Sentencia 341/1993 de 18 de Noviembre del Tribunal Constitucional suavizando el concepto de “delito flagrante“ para permitir la entrada de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado en un domicilio.

             La actual Ley Mordaza creo un sinnúmero de infracciones que no existían en la legislación de protección a la seguridad ciudadana anterior. De 26 infracciones en la ley de 1992 pasamos a 44, tipos de multas en la Ley actúa, que se dividen en Muy Graves (4), Graves (23) y Leves (17) y alguna de ellas con una pavorosa falta de seguridad jurídica.

               Pese a que el Pleno del Tribunal constitucional en Sentencia 172/2020 de 19 de noviembre resolviendo el Recurso de Inconstitucionalidad Nº2896/2015 ha avalado la constitucionalidad de dicha ley con excepción a la necesidad de autorización para el “uso no autorizado de imágenes o datos de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, previsión contenida en el art. 36.23 de la Ley por resultar contrario a la interdicción de censura previa del art. 20.2 CE. La mera captación de imágenes es lícita y está permitida mientras no se publique o se difunda

             Si que avala las previsiones sancionadoras de la Ley Mordaza en lo referente la prohibición de manifestaciones tipo «Rodea el Congreso«, siempre tengan por objetivo impedir el funcionamiento normal de las Cortes o Asambleas de Comunidades Autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal”.

                   Igualmente cuanto a la política de rechazo de extranjeros (Actuación material de carácter coactivo, que tiene por finalidad restablecer inmediatamente la legalidad transgredida por el intento por parte de las personas extranjeras de cruzar irregularmente esa concreta frontera terrestre) la Disposición Final Primera de la Ley de Seguridad Ciudadana se declara constitucional y es conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y ha de llevarse a cabo con las garantías que a las personas extranjeras reconocen las normas, acuerdos y tratados internacionales ratificados por España, debiendo ser reales y efectivos los procedimientos de entrada legal en territorio español. En todo caso, los cuerpos y fuerzas de seguridad deberán prestar especial atención a las categorías de personas especialmente vulnerables (los menores de edad, las embarazadas o personas de edad avanzada).

                También se avalaron los registros corporales a cargo de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que recoge el Art. 20-2 LOPSC estableciendo la Sentencia que no lesiona el derecho a la intimidad corporal cuando dichos registros, (que incluso pueden conllevar el desnudo parcial) se basen en indicios racionales de que se porten objetos y puedan ser utilizados con la finalidad de cometer un delito o infracción, o de alterar la seguridad ciudadana. Y esta actuación deberá basarse en el principio de proporcionalidad, de modo que solo procederá cuando resulte idónea para la protección de la seguridad ciudadana.

             Cabe destacar la presunción de veracidad de las actas levantadas por los Agentes de la Autoridad salvo prueba en contrario a tenor del Art. 52 LOPSC y Art. 57-1 y 137 de la LRJAPPAC y el carácter inmediatamente ejecutivo del acto sancionador Art. 56 de la LRJAPPAC y los recursos contra dicha sanción deben encauzarse por vía de la jurisdicción contencioso administrativa.

                    Pese a su aval constitucional se ha criticado mucho lo abultado de las sanciones pecuniarias establecidas en la Ley Mordaza para las infracciones, ya que a tenor del Art. 39 LOPSC, las muy graves se sancionarán con multa de 30.001 a 600.000 euros; las graves, con multa de 601 a 30.000 euros, y las leves, con multa de 100 a 600 euros.

              Pese a la promesa eterna de PSOE y Unidas Podemos de modificar esta ley mordaza y estar en contra de ella, durante los Estados de Alarma decretado por el bipartito del Gobierno, los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado utilizaron más que nunca esta ley para sancionar a los ciudadanos que se saltasen el confinamiento obligatorio. El número total de multas fue de 1.142.127 en toda España en el primer estado de alarma, a las que se suman al menos 220.296 sanciones en el segundo estado de alarma -desde el 26 de octubre hasta el pasado mayo-, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior y se ha detenido a 12.125 personas por negarse a cumplir las normas.

            Habiendo el Gobierno establecido unos criterios de graduación de las sanciones por el incumplimiento de las restricciones impuestas durante el estado de alarma por el coronavirus que iban entre los 601 € hasta los 10.400 €, aunque solo el 0,54% de ellas han acabado tramitadas. Y pese a que el Art. 36-6 LOPSC hace referencia a la “desobediencia o resistencia a los agentes“ y no las medidas restrictivas acordadas en el estado de alarma en sí mismas, el Ministerio del Interior consideraba que el mero incumplimiento de esas medidas restrictivas (Por ejemplo estar en la calle después del toque de queda sin justificación) suponía una infracción grave sin necesidad de que el agente haga una advertencia previa al infractor , y su inobservancia podía subsumirse en el tipo infractor de desobediencia a la autoridad y ser sancionable por la Ley Mordaza..

              Con la Declaración de Inconstitucionalidad efectuada por el Tribunal Constitucional del Primer Estado de Alarma decretado por el Gobierno (Toda vez que la declaración de un estado de alarma no permite la suspensión de derechos fundamentales (libertad de circulación, de residencia , libertad de empresa , y solo podría hacerse bajo los estados de excepción y sitio) y también la Inconstitucionalidad del Segundo Estado de Alarma (Puesto que se consideró por el Tribunal Constitucional que la prórroga de seis meses de la Alarma al no haberse ejercido un control periódico por parte del Congreso de los Diputados sobre esta medida del Gobierno fue contraria a la Constitución). Esto supuso la devolución de todas las multas impuestas a los ciudadanos que estos hubieran pagado en periodo voluntario y la anulación de los expedientes sancionadores que venían continuándose tramitando.

               Hay que destacar que mas del 80% de las sanciones impuestas por la Ley Mordaza se han aplicado por 3 tipos de Infracciones:

  • Tenencia de drogas (Art. 36-1 LOPSC, – El consumo o tenencia ilícitos de drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieren destinadas al tráfico, en lugares, vías establecimientos públicos o trasportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos y otros efectos empleados para ello en los citados lugares
  • Desobediencia o resistencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como la negativa a identificarse recogidas en el Art. 36-6 LOPSC
  • Falta de respeto a los agentes de la autoridad, considerada como una infracción leve del Art. 37-4 LOPSC.

PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY MORDAZA

              La mayoría de los grupos parlamentarios (Excepto PP y VOX), apoyaron que el Congreso inicie de nuevo los trabajos para modificar la Ley Mordaza y sustituirla por una nueva Ley de Seguridad ciudadana para garantizar el ejercicio al derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica basada en estos PRINCIPIOS:

 -Concepción progresista de la seguridad ciudadana.

-Priorizar la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía.

-Regular entre otros el Derecho de Reunión, la identificación, el registro corporal, la identificación de los agentes.

-La derogación del Art. 315-3º del Código Penal, ya efectuada (Supresión de coacciones Graves para que no disuada del ejercicio de Derecho Fundamental de Huelga y libertad sindical, pudiendo suponer esta derogación una vulneración flagrante al Derecho al trabajo a quien decida no hacer huelga).

               Tomando el PNV la iniciativa de la propuesta, como hizo en el año 2017 (Que no cuajo por disolución de las Cámaras y convocatoria de nuevas elecciones) para tomar en consideración su Reforma, con cambios sustanciales en 44 preceptos y con la predisposición favorable del Gobierno y de sus socios de Gobierno para empezar el trámite de reforma a partir del texto de los nacionalistas vascos brindándoles la posibilidad de derogarla.

               Esto ha provocado una fuerte reacción en Sindicatos policiales y Asociaciones de Guardias Civiles con manifestaciones de protesta al considerar que se generaría indefensión en los Agentes, provocaría un aumento de violencia hacia ellos y una España más insegura.

               La necesidad de la reforma de dicha Ley tiene que buscar un equilibrio entre la seguridad de los Agentes de la Autoridad y el derecho de los ciudadanos a manifestarse y expresarse libremente y al control de los posibles excesos policiales para dar cumplimiento en lo prevenido en el Artículo 104. 1 de la Constitución Española al establecer: «Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana».

             Los principales CAMBIOS de la Ley Mordaza se introducirán en forma de enmiendas pactadas por el Ejecutivo de Coalición PSOE-Unidas Podemos, sin perjuicio de que otras formaciones políticas registren de forma individual otras enmiendas a mayores de las acordadas y que sintetizaremos en las SIGUIENTES:

            1Manifestaciones sin autorización y disolución de reuniones (Art. 23). Se plantea que incumplir el trámite de comunicar la celebración de una manifestación no sea motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación, aunque pueda suponer una Infracción leve, cuando como ahora, suponga un peligro para la seguridad ciudadana o la circulación y los Agentes podrán disolverlas previo aviso a los afectados a quienes se lo tendrán que comunicar de forma “verbal claramente audible “. En el caso de ser manifestaciones espontaneas debidas a un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora, se permite el ejercicio de manifestación y no tendrán que ser comunicadas previamente y siempre que no se cause violencia o alteración del orden público.

            2-Modificación de actos que constituyen Infracciones Graves siempre que no sean un delito (Art. 36). Ya no se considerarán como tal manifestare ante el Congreso, Senado o Asambleas legislativas de las CCAA, tampoco el trasladar a personas con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, (que pasa a ser una infracción leve), ni la perturbación de la seguridad ciudadana en “oficios religiosos”.

También el uso público e indebido que pueda llevar a engaño de uniformes e insignias de los cuerpos policiales cuando se empleen en actividades culturales, no será una infracción grave.

            3Las imágenes tomadas a los Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado (Art. 36-23) La simple captación de imágenes de acción policial jamás ha sido una conducta infractora de la Ley de Seguridad Ciudadana como decíamos anteriormente, si su divulgación o publicidad. Pues bien, la propuesta de reforma pretende eliminar la exigencia de autorización previa para publicar esas imágenes y su mera difusión. Pero si continuará siendo una infracción grave dicha utilización cuando genera un peligro cierto a la seguridad personal o familiar del agente.

            4-La responsabilidad de los Organizadores (Art. 30) Se considera organizador y promotor a cualquier persona física o jurídica que:

+ Haya suscrito la preceptiva comunicación de la manifestación.

+ A quien la presida o dirija.

+Al que por sus declaraciones y otros hechos pueda determinarse razonablemente uno de sus directores.

+Quienes comuniquen una manifestación con una finalidad diferente a la real.

Y quedaran exonerados de todo tipo de responsabilidad de los hechos ajenos que no puedan impedir empleando la diligencia que se les exige y de las acciones de los participantes o terceros.

            5-Reducción del tiempo de la detención con el fin de la Identificación de personas (Art. 16) Cuando no es posible identificar por cualquier medio a una persona o esta se niega a identificarse, los agentes pueden requerir que los acompañe a las dependencias policiales con el fin de prevenir que cometa un delito o sancionar una infracción. La estancia en comisaria no puede superar las 2 horas, salvo en casos excepcionales, que se mantendrán el limite actual de 6 horas.

Teniendo estas personas el derecho de ser devueltas al lugar del arresto y donde no pudo realizarse la identificación, si este enclave y las dependencias policiales se encuentran en localidades distintas (En lugar de ser liberados directamente a la puerta de la comisaría) y siempre que el traslado no afecte gravemente al funcionamiento efectivo de los servicios.

            6-Acta de Infracción extendida por Agente tendrá presunción de veracidad. (Art. 52) Gozará de presunción de veracidad los hechos en ella consignados, siempre que resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario. Por lo que la máxima de que la ultima palabra es del Agente de policía estará a punto de cambiar levemente, en cuanto a las Actas de infracciones administrativas, pero no así los atestados por delitos.

            7-Desarrollo de protocolos específicos sobre el uso de la fuerza y la utilización del material antidisturbios. Con el fin de utilizar siempre los menos lesivos para las personas y acabar con aquel material antidisturbios con peligro de que pueda producir lesiones irreparables, incluso prohibir específicamente el uso de pelotas de goma.

            8-Posesión de substancias estupefacientes para uso personal. (Art. 36-16) Se suaviza la infracción de tenencia de drogas en espacios públicos como en establecimientos, considerándola leve y no grave como se tipifica ahora (Por lo que la propuesta de sanción pasará de un máximo de 30.000 € a un máximo de 600€), alegando los que se oponen a la reforma que este cambio fomentará el tráfico de drogas.

            9-Limitación de los cacheos y desnudos en los registros. Se propone limitar la capacidad de los agentes para cachear a una persona y que ninguna persona pueda ser desnudada en el marco de una actuación policial.

Y fuera de dependencias policiales solo podrá practicarse diligencias de registro corporal que exija dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa cuando exista una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes o la ciudadanía.

No se dejará a la vista la totalidad del cuerpo, ni tampoco de manera sucesiva cada una de sus partes, con el máximo respeto a la identidad sexual procurando hacerlo siempre en lugar reservado y fura de la vista de terceros.

Se dejará constancia escrita de esta diligencia, causas e identidad del agente que la adoptó.

            10-Cuantia de las sanciones atendiendo a la situación económica del responsable. Las multas tendrán en cuenta la capacidad individual de cada persona, atendiendo a sus situaciones personales, familiares y sociales. Se trataría de reducciones de hasta el 50% de la cuantía de la sanción para quienes cobren menos de 1’5 veces el SMI y el 25 % para los que cobren entre 1’5 y 2’5 veces el SMI

            11– Diseño del DNI incorporando las diversas lenguas cooficiales. Para realizar las modificaciones lingüísticas necesarias en el DNI para incorporar las diversas lenguas cooficiales propias del lugar de residencia del solicitante.

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